Spotify, Netflix, revistas, el gimnasio… las empresas estarán obligadas a informar a sus consumidores de que la suscripción que tienen contratada va a renovarse y que, por ende, también lo hará el pago que hayan firmado. Según una enmienda pactada por PSOE y Sumar a la nueva ley de clientela, las compañías deberán avisar a los usuarios quince días antes de que venza el plazo, para que estos tengan la oportunidad de cancelar esa renovación si así lo desean. 

'Esta medida está pensada, principalmente, en evitar renovaciones automáticas de suscripciones a aplicaciones de las que el consumidor hasta ha olvidado estar suscrito', detallan fuentes parlamentarias. La medida se incluirá en la ley de atención a la clientela, impulsada por el Ministerio de Consumo, que envió el texto al Congreso en febrero de 2024 para su tramitación parlamentaria. Fuentes del departamento de Pablo Bustinduy aseguran que la norma está ya en su 'fase final' y que previsiblemente se aprobará en el Pleno en próximas fechas. 

Según la enmienda pactada, las empresas deberán informar a sus clientes de que un contrato va a renovarse próximamente, así como de las consecuencias de no cancelar esa renovación, para evitar cualquier suscripción no deseada y ahorrar ese gasto a los consumidores. 'Buscan garantizar que las personas consumidoras lleven a cabo un consumo consciente', defienden las mismas fuentes parlamentarias, que inciden en la necesidad de que los servicios de atención a la clientela faciliten información a las personas consumidoras 'con antelación suficiente para que pueda tomar una decisión consciente al respecto.

Consumo recuperó la ley de atención al cliente de la pasada legislatura, ya que decayó por el adelanto electoral de julio de 2023. El proyecto de ley, que lleva más de un año en el Congreso de los Diputados, aspira a mejorar la experiencia de los usuarios, con medidas como un límite de tres minutos en los tiempos de espera al teléfono, la prohibición de que las compañías ofrezcan únicamente la atención de una máquina o la reducción del plazo de respuesta a quejas a 15 días.

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